Investigación fiscal amenaza con juicio político a la presidenta de Brasil

La mayor amenaza para que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, siga en el cargo podría no provenir de un escándalo de corrupción que ha golpeado a la élite empresarial y política del país, sino de una investigación menos vistosa sobre prácticas contables.

Júlio Marcelo de Oliveira, un fiscal del Tribunal de Cuentas Federal de Brasil, conocido como TCU, dice que Rousseff violó la ley de responsabilidad fiscal del país al retrasar sistemáticamente los pagos a los prestamistas estatales para emplear el dinero en el financiamiento de programas sociales como el seguro de desempleo.

El retraso en los pagos se tradujo en que las cuentas fiscales de la nación parecían ser más saludables de lo que eran realmente.

La práctica habría tenido como objetivo mostrar que el gasto no es tan alto y mejorar las posibilidades de reelección de Rousseff.

El TCU es el tribunal más alto de contabilidad fiscal de Brasil y está a cargo de la revisión de las finanzas públicas. La Constitución brasileña contempla el juicio político y la destitución de un presidente que viole la ley de responsabilidad fiscal.

Oliveira afirma que el Gobierno de Rousseff retrasó la devolución de cerca de 40.000 millones de reales (11.600 millones de dólares) de fondos para programas sociales obtenidos de prestamistas estatales en 2012 y 2013. Aunque otros gobiernos brasileños han retrasado los pagos en el pasado, nunca se hizo en esta magnitud, dijo.

El Gobierno de Rousseff ha negado cualquier irregularidad, argumentando que cumplió con la ley en sus prácticas contables del año pasado.