Cinco de nueve departamentos de Bolivia debaten en las urnas su autonomía

Ciudadanos de 5 de 9 departamentos plebiscitarán el domingo en las urnas sobre el carácter autonómico del Estado de Bolivia en arreglo a la carta constitucional vigente desde 2009, en el primer referendo de este tipo en la historia política del país andino amazónico de mayoría indígena.

Al menos 3,8 millones de bolivianos mayores de 18 años han sido convocados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para validar o no, en 18.314 mesas de sufragio, los estatutos (constituciones) autonómicos  en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, es decir toda el área andina de Bolivia.

Se trata de poco menos de dos tercios del padrón electoral boliviano cifrado en 6.019.299 ciudadanos.

El TSE llamó a 324.587 ciudadanos en Chuquisaca; 1.693.483  en La Paz; 408.131 en Potosí y 297.217 en Oruro a votar por la aprobación o el rechazo de los estatutos autonómicos en sus departamentos.

Lo mismo, a 1.137.872 en Cochabamba que sufragarán para validar o anular el  texto de la autonomía regional.

Focalmente, también se pronunciarán en los municipios rurales de Huanuni (Oruro), Cotapata y Tacopaya (Cochabamba).

La ciudadanía de los municipios de Cocapata y Tacopaya sufragará 2 veces para decidir si acepta o rechaza las cartas orgánicas elaboradas por sus respectivas alcaldías y la del municipio de Huanuni  para aceptar o rechazar la carta orgánica de su jurisdicción.

Lo mismo, en otros 2 municipios en proceso de conversión a la autonomía indígena originaria y campesinas: Totora Marka y Charagua.

La ciudadanía de Totora Marka lo hará por su estatuto indígena originario y, la de Charagua, 10.476 electores, en el departamento oriental de Santa Cruz, para que se convierta en autonomía indígena.

En otros 3 departamentos, Santa Cruz, el más poblado y donde a principios de siglo comenzó a escucharse voces por las autonomías departamentales, Beni y Tarija que, a contrapelo de la Constitución vigente en 2008 sometieron a la consideración de sus electorados las cartas constitutivas autonómicas, serán sus respectivas asambleas legislativas las que deberán poner o no en vigencia el carácter autonómico de sus gobiernos.

Las cartas políticas, aparecidas sin debate en 2008, de estos departamentos, cuyos líderes políticos y empresariales enarbolaron entre 2000 y 2008 una ficción geopolítica, la ya anacrónica Media Luna, que propugnaba, poco menos, que la secesión de Bolivia fueron perfeccionadas al influjo de la Constitución boliviana aprobada por primera en las urnas en enero de 2009.

Por último, el departamento Pando es el único que ha logrado perfeccionar su autonomía y el primero de los 9 bolivianos en aplicarla hace ya par de años.

Según su código político, Bolivia se reconoce como Estado unitario y homologa la autonomía política y administrativa de sus 9 departamentos, sus 339 municipios, como así en sus determinados enclaves indígena originario campesinos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió a tal ciudadanía concurrir a las urnas para “constitucionalizar regionalmente las autonomías” en un acto político electoral que, precisó, carece de una naturaleza político partidaria.

“Acá los ciudadanos dirimen, definen si en su departamento  va a regir constitucionalmente un gobierno autónomo o no lo va a hacer”, sostuvo.

Desde el jueves rige en estas regiones el excepcional auto de buen gobierno, que prohíbe las concentraciones y debate públicos, como así los festejos de cualquier índole.

Un día antes, el TSE impuso la consabida “veda electoral”, que proscribe, básicamente, hacer campaña a favor y contra lo que las gobernaciones departamentales y las asambleas legislativas locales pusieron a la consideración de sus ciudadanías.

La aprobación rematará en la vigencia de los estatutos mientras que el rechazo devendrá en nuevo proceso de redacción.

El punto más febril de este referendo autonómico es Potosí, donde el Comité Cívico Potosinista, que adversa al presidente Evo Morales y que viene de manifestar por atención a un petitorio de 26 puntos, que el Gobierno garantiza haber ya atendido, antes y después de la protesta de un mes, que secó los ingresos de esa región minera y turística, realizó una febril campaña por el rechazo al estatuto autonómico supuestamente redactado por afines al Presidente indígena de Bolivia.