El sistema judicial venezolano, en tela de juicio

En los últimos cinco años, varios funcionarios venezolanos han cuestionado la independencia del sistema judicial de su país.

Al menos diez funcionarios, todos en ejercicio, han huido de Venezuela y una vez fuera han denunciado la existencia de jueces y magistrados presuntamente al servicio del Ejecutivo nacional.

Los testimonios de estos hombres, bautizados en cables diplomáticos y en agencias de inteligencia como “Los Niños Cantores”, han sido documentados por medios nacionales e internacionales, entre ellos CNN.

En 2006, Luis Velázquez Alvaray, exdiputado del partido del gobierno y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue suspendido por presunta malversación de fondos públicos. En medio de la acusación huyó a Costa Rica alegando persecución política por haber denunciado irregularidades en el país. En 2012 habló con CNN en Español y aseguró que el sistema judicial estaba intervenido por el narcotráfico y con consentimiento del presidente Hugo Chávez. Agregó que Hugo Carvajal, general retirado del ejército y exdiplomático venezolano, era quién controlaba el tráfico de droga en el país.

En 2012, Carvajal desmintió las acusaciones. Dos años después, reiteró su inocencia tras ser arrestado en Aruba en un operativo de la DEA, por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Finalmente fue liberado por contar con inmunidad diplomática y no sé le presentaron cargos. El gobierno venezolano celebró la liberación.

Pero la entrevista con Velázquez Alvaray fue más allá. Habló sobre la presunta existencia de un banda que controlaba las decisiones judiciales del país conocida como “Los Enanos”, controlada por el entonces vicepresidente, José Vicente Rangel.

Rangel criticó que Velázquez Alvaray, en condición de prófugo de la justicia venezolana hiciera tal declaraciones. Dijo que no tenía legitimidad moral para acusarlo.

El segundo testimonio de peso es el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte Aponte. En abril de 2012 huyó a Costa Rica cuándo estaba fijada su interpelación en la Asamblea Nacional por estar presuntamente vinculado con el narcotraficante Walid Makled. Aponte aceptó trabajar con Makled pero dijo que solo actuaba bajo órdenes de alto nivel. Aponte declaró en una entrevista con el canal SoiTV que en Venezuela no existe separación de poderes y que cualquier intención de demostrar lo contrario es una falacia. Reiteró las acusaciones de Velázquez Alvaray asegurando que José Vicente Rangel era el encargado de dictar las líneas conductoras de la justicia venezolana.

Entre las órdenes que presuntamente recibió habrían varias para condenar a varios funcionarios por razones políticas. Uno de ellos, el comisario Iván Simonovis, acusado de participar en los hechos violentos en Caracas el 11 de abril de 2002 que concluyó con un breve golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. Aponte presentó pruebas para sustentar sus declaraciones, pruebas que forman parte de varias investigaciones judiciales en EE.UU.

Para el gobierno venezolano, las pruebas y el testimonio de Aponte no eran suficiente para iniciar investigaciones. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz lamentó que Aponte no hubiese hecho las denuncias mientras se desempeñaba como magistrado.

Tres años más tarde llegan las declaraciones de Franklin Nieves, fiscal del juicio contra Leopoldo López. Salió de Venezuela el pasado 19 de octubre y a su llegada a los EE.UU. dijo a Conclusiones CNN que cumplió órdenes para crear testimonios y evidencia falsa para finalmente condenar al líder opositor a más de 13 años de prisión.

Dice contar con pruebas para demostrarlo aunque aún no las ha hecho públicas. Aseveró que en Venezuela existe una jerarquía política que toma las decisiones judiciales, encabezada por el presidente Nicolás Maduro y ejecutadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Cabello, por el otro lado, acusó a Nieves de ser un agente de la oposición venezolana y de haber recibido 850.000 dólares para presuntamente defender la causa de López.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, su jefe inmediata en el Ministerio Público defendió el papel de los jueces y fiscales en Venezuela y dijo que Nieves mentía al decir que ella estaba al tanto de un presunto plan para encarcelar al dirigente de Voluntad Popular.

CNN no puede confirmar la autenticidad de estas acusaciones de manera independiente. Pero, según revela a Conclusiones CNN una fuente de la DEA con amplio conocimiento de los casos de Venezuela, los testimonios de Velázquez Alvaray, Aponte Aponte y Nieves se han solidificado tras la llegada a EE.UU. de más de 30 exfuncionarios y militares venezolanos ofreciendo versiones similares.

CNN