Diputados aprueban norma modificatoria a la Ley de la Procuraduría General del Estado

Con más de dos tercios de votación la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en detalle el Proyecto de Ley 007, de modificación a la Ley N° 064 de la Procuraduría General del Estado, que entre sus elementos más destacados regula normativamente la intervención de la institución en defensa de los intereses del Estado, al interior de procesos judiciales.

El proyecto de Ley compuesto por tres artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición adicional, una disposición abrogatoria y derogatoria y dos disposiciones finales, recibió el apoyo del pleno de la Cámara de Diputados bajo la premisa de una institucionalidad con competencias reguladas, que en todo momento eviten la discrecionalidad.

Esta norma propone, un Registro de Abogados del Estado (RAE), instrumento que permitirá contar con una base de datos, en permanente actualización, donde figuren todos los abogados que prestan sus servicios en la administración pública, mientras que el Registro Obligatorio de Procesos del Estado, instrumento también propuesto por el proyecto, permitirá a la Procuraduría General del Estado, cumplir con su mandato constitucional de velar y evaluar las acciones y diligencias de las unidades jurídicas de la administración pública, a través del registro, seguimiento, evaluación e intervención.

El registro de los procesos es obligatorio de parte de la unidad jurídica que se encargue de ellos.

Por otro lado la Procuraduría General del Estado estará facultada para participar como sujeto procesal de pleno derecho en procesos civiles, penales y coactivos fiscales, por cuantía, establecida mediante Resolución Procuradurial al inicio de cada gestión; o cuando la demandada sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en ejercicio de una institución, entidad o empresa pública, producto de un informe o dictamen aprobado o emitido por la Contraloría General del Estado y finalmente de manera excepcional a solicitud del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asimismo este proyecto aprobado pretende beneficiar a los funcionarios de la administración pública, ampliando la posibilidad de que no solo profesionales abogados puedan formarse en la Escuela de Abogados del Estado, sino cualquier otro profesional, que desarrolle o desee desarrollar sus actividades en la Administración Pública del Estado, el objetivo es lograr la más alta cualificación o tecnificación de los actuales o futuros servidores públicos.

ABI