Nueva ley desburocratizará trámites para la creación de Unidades Económicas

El proyecto de ley 332 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas, se constituye en una norma importante para la sociedad boliviana en general y particularmente para el sector empresarial, debido a que evitará filas, papeleos, disminuirá los costos, ayudará en la eficiencia administrativa y acortará tiempos para los trámites respectivos.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en sus estaciones en grande y en detalle, establece los mecanismos para asegurar la eliminación de la burocracia en trámites y procedimientos encaminados a la creación y funcionamiento de Unidades Económicas.

Bajo la norma, se crea el Sistema Virtual de Información Digital denominado “Yuriña” (“nacer” en idioma aymara), que articulará e interconectará a las usuarias y usuarios, además de almacenar, centralizar, informatizar y administrar las certificaciones y los requisitos necesarios en el objetivo.

El proyecto de ley crea además otros dos mecanismos, como la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio, que es un medio de publicación electrónico y el único medio válido de publicidad de los actos de comercio establecidos en el Código de Comercio y el Código Yuriña de Unidades Económicas, que es un código interno generado por el Yuriña para identificar las Unidades económicas.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que el proyecto simplificará las gestiones para la creación de empresas y establecerá una Ventanilla Única para facilitar los trámites nuevos y la formalización de empresas, con lo que se reducirá el tiempo de realización de estos trámites y también el costo.

“Esa es la lógica y el objetivo de la ley, generar facilidades, integrar un sistema y digitalizar la información y documentación que presentan los usuarios para la creación y funcionamiento de sus unidades económicas”, precisó.

También aclaró que la ley no es retroactiva y que será aplicada a las empresas que sean creadas posteriormente a su promulgación y afectará más a entidades públicas, ya que tendrán que adecuar todo su sistema y digitalizar su información