sábado. 05.10.2024
Dina Chuquimia presenta un amparo constitucional contra su destitución

Exvocal impugna decreto presidencial ante el Tribunal

Dina Chuquimia, exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha presentado un amparo constitucional contra el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, tras ser destituida mediante el Decreto Presidencial 5141. Chuquimia denuncia que el decreto es inconstitucional y exige su abrogación en un plazo de 48 horas.
Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral. (Foto: La Razón).
Dina Chuquimia, vocal del Tribunal Supremo Electoral. (Foto: La Razón).

Este jueves, la exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, anunció a través de Radio Panamericana la presentación de un amparo constitucional contra el Decreto Presidencial 5141, que fue firmado por el presidente Luis Arce. Dicho decreto ordena su destitución y la reemplaza por el vocal Gustavo Antonio Ávila Mercado, en lo que ella describe como un acto "inconstitucional".

Chuquimia sostiene que, según la Constitución Política del Estado, un vocal del TSE solo puede ser removido por renuncia, incapacidad absoluta o al concluir su periodo, condiciones que no se aplican en su caso. Además, afirmó que no fue formalmente notificada de su destitución y que se enteró del nombramiento de su sucesor a través de las redes sociales.

Plazo de 48 horas para abrogar el decreto

En su declaración, Chuquimia pidió a las autoridades del gobierno que abroguen el Decreto 5141 en un plazo de 48 horas, argumentando que el mismo vulnera sus derechos constitucionales. Además, solicitó ser restituida en su cargo de manera inmediata.

Reacciones y debate sobre la constitucionalidad

Este conflicto ha generado debate sobre la independencia del TSE y la legalidad de la destitución y designación de sus miembros. La Sala Plena del TSE, mediante una carta, informó a Chuquimia que el Decreto 5141 sigue vigente y que cualquier consulta sobre su situación jurídica debe ser dirigida al Órgano Ejecutivo.

El desenlace de este amparo constitucional podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno y los órganos independientes del Estado.

PANAMERICANA.

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