Panamericana recogió impresiones encontradas en torno al caso del activista internacional por los Derechos Humanos, Luis Fernando Hamdan, quien deberá guardar detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro en La Paz, por estar presuntamente vinculado en un intento de golpe de estado.
De acuerdo a su abogado defensor, Jorge Valda, los derechos y garantías del acusado fueron gravemente vulnerados en un proceso irregular y cuestionado en primera instancia por los antecedentes del juez Juan Carlos Montalbán, y en segundo lugar por no considerar el verdadero motivo del encuentro entre Handam y Juan José Zúñiga.
Además de opinar que el gobierno pretende mandar una señal de advertencia para los defensores de los derechos humanos, Valda cuestionó el proceder sesgado, dice, de la justicia que actúa con celeridad en el caso de Handam pero omite investigar al presidente Luis Arce, a presar de la declaración de Zúñiga que mencionó una reunión previa y supuestas instrucciones del mandatario.
Sin embargo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, rebatió los criterios del abogado y a tiempo de desmentir la existencia de persecución política contra cualquier persona investigada por la acción militar, aclaró que la situación de Hamdan se complica por la evidencia material que lo involucra, a diferencia, dice, de la supuesta aquiescencia del presidente Arce.
Según Aguilera, el argumento inicial de Zúñiga fue desacreditado por declaraciones de otros militares y la ausencia de pruebas contundentes sobre órdenes emanadas por el órgano ejecutivo. Además, recordó que el procedimiento de rigor reveló la implicancia del supuesto activista en un plan sedicioso.
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