Como se conoce, una Sala Constitucional de Beni admitió un nuevo recurso legal que paralizó el avance hacia las elecciones judiciales e dispuso una multa de 5 mil bolivianos además del congelamiento de cuentas de los legisladores que integran la Comisión Mixta de Constitución en la asamblea.
Determinación cuestionada por la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, quien expuso varias irregularidades detectadas a Panamericana.
Para la legisladora, en este escenario se hace preciso exigir garantías para el cumplimiento de compromisos y mandatos constitucionales, ya que es evidente, dice, los móviles políticos que apuntan a mantener en sus cargos a los magistrados “auto prorrogados”.
Del mismo modo, el diputado del Movimiento Al Socialismo Jerges Mercado, ratificó la postura de su bancada de afrontar cualquier sacrificio para concretar las elecciones judiciales en el marco de la legalidad.
El parlamentario oficialista lamentó los óbices a los procedimientos establecidos por norma y profundizó el análisis sobre las acciones legales interpuestas, así como los siguientes pasos en la Asamblea Legislativa para consolidar la reforma judicial como exige la ciudadanía.
Sobre el tema, el abogado constitucionalista Marco Antonio Valdiviezo, expresó sorpresa por la forma en la que se impuso una multa hacia los legisladores, y la atribuyó a un método de amedrentamiento basado en instrucciones políticas.
El jurista insistió en que la verdadera intención detrás las acciones registradas es permitir que los magistrados prorrogados permanezcan en funciones, de modo que viabilicen intereses del ejecutivo con miras a las elecciones generales de 2025.
PANAMERICANA.
